La Cámara Mexicana de la industria de la Construcción, comprometida con la defensa de los intereses de nuestro sector y preocupada por la inminente entrada en vigor del nuevo “Reglamento de la Ley del Seguro Social obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado”, ha gestionado ante las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, diversas propuestas para contrarrestar el impacto en aplicación de dicho ordenamiento.

Afortunadamente, nuestras propuestas han sido tomadas en cuenta, por lo que de manera conjunta hemos acordado trabajar en acciones que permitirán ofrecer soluciones viables y alternas a la problemática propia de nuestra industria.

 Dentro de los principales problemas que se detectan en el procedimiento establecido en el Nuevo Reglamento, se encuentran:

 I La carga administrativa se traslada a los patrones por la petición de exhibir documentos como : contrato, presupuesto de obra, análisis de precios unitarios, explosión de insumos, entre otros, los cuales no tienen vínculo alguno con el cumplimiento de una obligación fiscal. Además de afectar los principios de confidencialidad y equidad.

Por ésta razón, se propuso un esquema que evite discrecionalidad y fomente el cumplimiento de nuestras obligaciones, a través de la facilidad y agilidad administrativa, como es el pago de salarios de nuestros trabajadores a través del esquema “Nómina Electrónica”. Con ello el IMSS determinará de una manera expedita y fidedigna las cuotas obrero-patronales, dando mayor certeza a los patrones cumplidos.

II Por otro lado, también se detectan como necesidad fundamental, la revisión de los costos y factores de mano de obra, que son la base con la que el Instituto determina de manera estimativa y discrecional los créditos fiscales, ya que no corresponden a la evolución de la industria de la construcción.

 III Respecto a la arbitrariedad con la que algunos funcionarios del IMSS aplican los procedimientos de revisión y determinación presuntiva, previstos en el Reglamento.

 Se propuso implementar una línea directa de quejas para denunciar éste tipo de actos, a través de un número gratuito 01 800 3221 100 . Que será atendido directamente desde oficinas centrales de la CMIC, procediendo al seguimiento personalizado de la denuncia. Solicitando únicamente el numero de afiliación vigente.